El anunciado rechazo del decreto anticrisis aprobado hace dos semanas por el Gobierno, que se somete mañana a convalidación en las Cortes Generales, puede tener notables consecuencias sociales y económicas, además de hacer encallar, recién iniciada, una legislatura que tiene ante sí un horizonte altamente conflictivo.
La negativa, ya anunciada por parte de la oposición, junto al previsible rechazo de formaciones como Junts, puede bloquear la prórroga del escudo anticrisis, que incluye un paquete de rebajas fiscales y de ayudas, así como la continuidad de los impuestos especiales sobre la banca, las energéticas y las grandes fortunas. Un rechazo que en conjunto generará a Hacienda un roto de unos 7.000 millones de euros.
La trascendencia de los decretos que se someterán a votación en el Congreso resulta difícil de cuestionar, especialmente en el contexto de un año fuertemente condicionado por las previsiones de desaceleración económica y por la persistencia, aunque más moderada, del azote de la inflación. La coyuntura justifica la prórroga de parte de las medidas del escudo anticrisis, que jugarán un importante papel a la hora de proteger a los colectivos más vulnerables, así como la aprobación de otros dos decretos que serán sometidos también a votación. Uno de ellos está vinculado al Plan de Recuperación, con el fin que España reciba un nuevo desembolso de fondos europeos, de 10.000 millones de euros. El otro incluye la reforma del subsidio de desempleo y el recorte progresivo de las futuras pensiones, un extremo que rechaza Podemos, pero que resulta fundamental a la hora de avanzar hacia los objetivos de consolidación fiscal comprometidos con Bruselas.
Tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han insistido en los últimos meses al Ejecutivo en la necesidad de poner fin a las ayudas anticrisis y a focalizar la política económica en llevar el déficit público hasta los parámetros exigidos por Bruselas. Este último es un objetivo irrenunciable no solo política, sino económica y financieramente para España, pero debe y puede combinarse la retirada gradual de las ayudas sociales.
Es innegable que las diferencias en materia de política económica son connaturales a las reglas del ejercicio parlamentario y que cada formación política es responsable ante sus votantes, pero ese ejercicio tiene que desarrollarse siempre sin perder de vista el bien común, sin atrincherarse en intereses de partido o bloquear iniciativas que resultan fundamentales para la economía del país y de las que dependen unas previsiones de crecimiento sobre las que España no puede permitirse defraudar.
Fuente: Cinco Dias
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