El primer pleno parlamentario de la legislatura se convirtió ayer en el primer revés político que sufre el Gobierno en un ejercicio que se presenta tenso y conflictivo, no solo frente a la oposición, sino también frente a sus aliados políticos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez consiguió sacar adelante solo dos de los tres decretos que sometió al pleno: el que contenía la prolongación parcial del escudo anticrisis, salvado in extremis gracias a la abstención de Junts, y el denominado decreto ómnibus, fundamental para canalizar los 10.000 millones de fondos europeos Next Generation que España tiene pendientes. El tercer decreto, que incluía la reforma del subsidio de desempleo, fue tumbado por el Partido Popular, Vox, UPN y Podemos, este último con un voto que resulta muy difícil no leer, al menos en parte, en clave de ajuste de cuentas político frente a Sumar.
La paralización de la reforma del subisidio de paro deja en suspenso el aumento de las cuantías y la reducción de la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años –medida discutible y a la que se oponía Podemos–, como también hace decaer el permiso de lactancia y deja sin efecto la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales, medida pactada con el PNV y que contaba con la oposición de sindicatos y patronales.
Pocas horas después del rechazo del decreto, Yolanda Díaz anunciaba el nuevo camino para la aprobación de la regulación: el diálogo social con sindicatos y patronal de “carácter urgente”. Una vía bastante más adecuada para una regulación que distorsiona especialmente en una tramitación realizada por decreto, es decir, con carácter de urgencia, porque el grueso de su entrada en vigor estaba prevista para junio.
La tensión política con la que se ha iniciado el año no solo ha escenificado las dificultades que enmarcan la relación entre el Gobierno y sus socios, sino también las salidas de tono y la ausencia de rigor técnico en algunas de las reivindicaciones de estos últimos.
Es el caso de la exigencia por parte de Junts de que se sancione a las empresas catalanas que decidan no regresar a Cataluña, de entre las 8.000 que en los últimos años han traslado su sede fuera de la región, una propuesta inaplicable en una economía de libre mercado y que el Gobierno se ha apresurado a descartar; o la insistencia en recuperar la normativa que obligaba a someter el cambio de sede social al voto en la junta de accionistas, una reivindicación exclusivamente simbólica, puesto que en la práctica obstaculizará el regreso a Cataluña de las compañías que decidan hacerlo.
Fuente: Cinco Dias
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