Durante más de 50 días, 7 de los 8 compañeros detenidos el pasado 27 de febrero en el centro de Barcelona han sido encarcelados. Fueron detenidos durante una de las últimas manifestaciones que se inició en nombre de la libertad de expresión y que se prolongó durante 15 días asumiendo cada vez más la voz de la disidencia generalizada hacia la situación que vivimos.
Pese a los intentos desesperados del cuatripartito (PSOE, PP, Cs y Vox) por frenar la degradación de la imagen pública de la monarquía, cada semana que pasa, lo tienen más cuesta arriba. Se les amontonan las informaciones que desvelan los negocios sucios, los líos fiscales y los asuntos falderos de Juan Carlos I. El reguero de pólvora fraudulenta que se va destapando alimenta una mascletá mediática y política imparable. Lo pone entre la espada y la pared y, por extensión, cuestiona una dinastía anacrónica para la mayoría de la ciudadanía, según todas las encuestas.
Internet, cuya audiencia hoy en día asciende a 4.500 millones de personas, es desde hace mucho una herramienta para promover cualquier idea. Sin embargo, hay cosas que no se pueden decir porque basta un paso en falso para ser censurado.
El mundo está viviendo una oleada de ‘hacktivismo’ sin precedentes, según informa Reuters. Y lo hace en un momento en el que las tensiones en el ciberespacio se encuentran en su punto álgido, con numerosos grupos patrocinados por estados como China y Rusia realizando acciones constantemente.
El año pasado la Comisión Europea modificó la legislación para obligar a las empresas tecnológicas que prestan servicios de correo electrónico y mensajería a controlar automáticamente las conversaciones privadas de sus usuarios en tiempo real. Supone la introducción de nuevas normas de vigilancia masiva, que hasta ahora era pública y ahora también privada.
El vodevil que se está escenificando en la política española, con el foco puesto en Murcia y Madrid y con Ciudadanos, el PP y el PSOE como actores principales, parece no tener fin y nadie puede predecir el final.
