El mundo está viviendo una oleada de ‘hacktivismo’ sin precedentes, según informa Reuters. Y lo hace en un momento en el que las tensiones en el ciberespacio se encuentran en su punto álgido, con numerosos grupos patrocinados por estados como China y Rusia realizando acciones constantemente.
El año pasado la Comisión Europea modificó la legislación para obligar a las empresas tecnológicas que prestan servicios de correo electrónico y mensajería a controlar automáticamente las conversaciones privadas de sus usuarios en tiempo real. Supone la introducción de nuevas normas de vigilancia masiva, que hasta ahora era pública y ahora también privada.
El vodevil que se está escenificando en la política española, con el foco puesto en Murcia y Madrid y con Ciudadanos, el PP y el PSOE como actores principales, parece no tener fin y nadie puede predecir el final.
La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer pidió colocar en forma de garantía activos soberanos incluyendo propiedades públicas, embajadas, bases militares y reservas de bancos a los países de América latina y del Caribe compradores de su vacuna. Esto, como “resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos (léase muerte o discapacidad) tras la aplicación de las dosis”.
Los manifestantes que han protagonizado otra noche de disturbios en Barcelona en el contexto de las protestas para exigir la libertad de Pablo Hasél se han disuelto pasadas las 21 horas del este sábado 27 de febrero, antes de alcanzarse el toque de queda en Cataluña, fijado a la 22.00.
Tras una fuerte polémica en torno a WhatsApp y los temores sobre la seguridad de los datos personales de sus usuarios a raíz de la integración de la aplicación con Facebook, el servicio de la mensajería instantánea anunció en enero que retrasaría la implementación de sus nuevas condiciones de uso hasta el 15 de mayo. Pero ¿Qué va a pasar si una persona se niega a aceptar las nuevas políticas?
