Lo que se está padeciendo es la consecuencia de dejar que sea el mercado quien decida cuántas viviendas construir y a qué precio. Y, ante eso, no caben soluciones parciales, ni simplistas.
Son necesarias actuaciones globales, de conjunto, que ataquen todas las causas del problema y, sobre todo, que se basen en un principio operativo básico y esencial: la vivienda es un bien público destinado a satisfacer una necesidad social y no un activo financiero con el que se comercia con el único fin de obtener provecho.
Hay que aumentar, desde luego, la construcción de nuevas viviendas asequibles, fomentar el alquiler, controlar los precios o establecer que el pago para acceder a ella no supere un determinado porcentaje del ingreso. Sin duda alguna. Pero si no se parte de asumir, respetar y poner en práctica ese principio no se podrá conseguir nunca que las viviendas asequibles que se construyan sean habitadas finalmente por quienes realmente las necesitan.
Dicho de otra manera, sólo dejando a un lado al mercado y pasando a considerar a la vivienda como un bien público cuya provisión debe quedar asegurada a todas las personas que la necesiten se puede dar cumplimiento al artículo 47 de nuestra Constitución:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
Fuente: Juan Torres López
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