El Gobierno se comprometió hace meses a clarificar las cifras de asalariados con contratos fijos discontinuos que no están trabajando y cobran una prestación, aunque no cuenten como parados. Pero a la vista está que no ha cumplido la promesa, lo que sigue añadiendo opacidad a esta figura contractual impulsada con la reforma laboral.
No obstante, un estudio en profundidad del recién publicado Informe Anual del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permite extraer conclusiones sobre la situación real de los fijos discontinuos. Así, las personas bajo este modelo de contrato que no trabajan, no figuran como desempleados y aún así perciben una prestación, se han más que duplicado tras la entrada en vigor de la normativa impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.
En concreto este colectivo ha pasado de una media mensual de 57.000 en 2019 a superar los 120.000 en 2023. Una evolución del 7% al 15,2% del total de perceptores que responde al auge de esta figura contractual también conocida como falsos indefinidos y que no puede explicarse por factores, como la pandemia.
Aún así, el dato contrasta con los más de 700.000 demandantes con relación laboral, categoría en la que las oficinas de empleo registran a los fijos discontinuos inactivos. Este desfase indica que estos trabajadores no cotizan lo suficiente para percibir una prestación, lo que muestra que se trata de empleos volátiles.
En otras palabras, la reforma laboral ha sido positiva para reducir la temporalidad en el mercado laboral. Pero se ha mostrado totalmente incapaz de revertir la precaridad del empleo indefinido. Pese a ello, el Ejecutivo prefiere obviar la realidad ocultando unos datos que desmontan su discurso triunfalista respecto al mercado laboral.
Fuente: El Economista
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