Empresarios globales han modernizado la explotación de la "mano de obra pobre" mediante plataformas digitales y aplicaciones, eludiendo la relación laboral subordinada para evitar costos sociales.
Ante la inacción legislativa, la justicia ha intervenido basándose en leyes de los años 70 para frenar estas prácticas.
Antecedentes y Evolución
- Call Centers: Los trabajadores denunciaron jornadas agotadoras y falta de protección. Al lograr derechos mínimos, las empresas deslocalizaron sus operaciones a países con menor regulación.
- Uber: El poder judicial italiano determinó que sus conductores eran empleados. La respuesta de la firma fue abandonar el mercado nacional.
- Gig Economy (Glovo): La expansión del reparto a domicilio consolidó un modelo de "falsos autónomos" gestionados por algoritmos. Glovo intentó legitimar salarios irrisorios mediante convenios con sindicatos cuestionados (UGL), pagando remuneraciones hasta un 81,62% por debajo de los convenios colectivos.
El Contraataque Judicial e Institucional
El INPS (Instituto Nacional de Previsión Social), bajo la gestión de Pasquale Tridico, inició investigaciones que resultaron en multas por 65 millones de euros. El Tribunal de Milán, con el apoyo del sindicato NIdiL CGIL, ha desmantelado progresivamente el modelo de "repartidor autónomo" a través de hitos legales clave:
- Agosto 2023: Se condenó a Glovo por conducta antisindical, obligándola a dar transparencia al algoritmo que gestiona turnos y pagos.
- Abril 2025: El tribunal ratificó que los repartidores son empleados, obligando a la empresa a pagar las cotizaciones a la seguridad social evadidas.
- Julio/Agosto 2025: Sentencia histórica sobre seguridad laboral. Se obligó a negociar protecciones ante climas extremos ("Bono por Calor") y a reconocer representantes de salud y seguridad.
- Febrero 2026: La Fiscalía de Milán ordenó la intervención judicial de Glovo por presunto "caporalato" (explotación y manejo abusivo), afectando a 40.000 repartidores con salarios bajo el umbral de pobreza.
Conclusión
El conflicto revela una tensión directa entre un gobierno que desprotege al trabajador y un poder judicial que actúa como último baluarte contra la precariedad extrema. Los ataques al sistema judicial se entienden en este contexto de control de la explotación laboral, lo que fundamenta la defensa de la independencia judicial y el rechazo a reformas que limiten su capacidad de intervención en el próximo referéndum.
fargov (Ferran Cabrera)
No hay comentarios:
Publicar un comentario