La reforma laboral aprobada por el Gobierno afronta, por segunda vez desde que entró en vigor, la prueba de fuego del verano en España. Es ésta una estación tradicionalmente marcada por la fuerte volatilidad del empleo, que se manifiesta a diario entre junio septiembre en las estadísticas del mercado de trabajo.
El objetivo de la ley que la vicepresidenta Yolanda Díaz acordó con los sindicatos y la patronal en 2021 era explícitamente acabar con realidades como ésa, pero las estadísticas muestran que no lo está consiguiendo más allá de un mero cambio de denominaciones estadísticas.
El fenómeno que antes incumbía a los trabajadores temporales ahora se focaliza con creciente intensidad en los fijos discontinuos. Expresado en cifras, cada día, desde que comenzó la temporada de vacaciones de 2023, casi 28.000 de los también llamados falsos indefinidos cesan por completo su actividad, un 50% más que hace un año.
Es cierto que estas personas no son consideradas desempleadas en sentido estricto, pero, a efectos prácticos, su situación es prácticamente idéntica.
Al igual que los parados oficiales, son dados de baja de la Seguridad Social y no cobran sueldo pero sí tienen derecho a percibir la prestación que gestionan los Servicios de Empleo. La volatilidad del empleo no solo se concentra ahora en el colectivo de los falsos indefinidos.
Además, la proliferación de este tipo de contratos sirve incluso para que resurjan abusos, como los despidos que se dan en el sector de la educación, para evitar el pago de las vacaciones a los afectados, una práctica específicamente proscrita por la jurisprudencia existente.
Estos hechos muestran que la estabilidad que la reforma laboral prometía para el mercado laboral es solo aparente.
Fuente: El economista
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